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miércoles, 17 de enero de 2018

inseguridad en el CONURBANO Y CAPITAL



Una nueva investigación del Centro de Estudios Metropolitanos y Opina Argentina consideró que seis de cada diez ciudadanos de Capital Federal y el Conurbano se sienten inseguros. Según la encuesta, los vecinos de Malvinas Argentinas se sienten seguros del barrio donde viven y no aprueban el desempeño de la Policía Bonaerense. En otra parte, el informe obtuvo que la mayoría de los consultados considera que la principal causa de inseguridad son las “leyes muy blandas con los delincuentes” y que la solución son penas mayores y mejor inversión del estado en educación. Todos prefieren a Gendarmería.
El estudio fue realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos integrado por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, junto con Opina Argentina. Es el resultado de una encuesta que se realizó a 9 mil personas de las 25 jurisdicciones que integran la región del AMBA en general, el Gran Buenos Aires y Capital Federal. En Malvinas Argentinas los resultados fueron positivos: el 52% de los vecinos consideró sentirse seguros del barrio donde viven, ...

http://malviticias.philo.com.ar/2018/01/16/seis-diez-ciudadanos-del-conurbano-capital-federal-se-sienten-inseguros-2/

miércoles, 3 de enero de 2018

Una cifra alarmante | 3 de cada 10 hogares sufrieron hechos de inseguridad

El resultado se desprende de un relevamiento efectuado por la Universidad Torcuato Di Tella, que destaca la mayor cantidad de hechos se registró en el Conurbano bonaerense.

Un relevamiento efectuado por la Universidad Torcuato Di Tella arrojó como resultado que tres de cada diez hogares fueron víctimas de episodios de inseguridad durante 2017. La mayoría de los hechos delictivos se registraron en el conurbano bonaerense.
Un estudio revela que durante 2017, 3 de cada 10 hogares sufrieron algún hecho de inseguridad.
Los robos a viviendas, muchos de ellos con violencia ejercida por los asaltantes, se ubican al tope de la estadística en el relevamiento efectuado por el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Política (LICIP) de la casa de altos estudios, según consignó la agencia de noticias NA.
El trabajo se traduce en el Informe de Victimización (IVI), el cual sostiene que el 28,9 por ciento de los domicilios en 40 centros urbanos de la Argentina fue víctima de al menos un delito,  lo que representa una caída de 5,8 puntos respecto de la medición del mismo mes de 2016. 
No obstante, los parciales fluctuaron y presentaron el pico máximo con un 33 por ciento en junio y el menor de un 24,4 por ciento en febrero. También se destaca que "de cada 100 hogares, 20 sufrieron al menos un robo con violencia. Esta modalidad delictiva tiene una participación relativa de 62 por ciento sobre el total de delitos sufridos por los hogares", como una de las conclusiones de este IVI, en el que se cuantifica la tasa de victimización para nuestro país, se trate de eventos denunciados o no a una autoridad competente y que fuera desarrollado a través de 1.198 encuestas realizadas entre el 4 y el 15 de diciembre.
Sobre la evolución de este índice, el LICIP apunta que "la medición de diciembre de 2017 estima que el 28,9 por ciento de los hogares de Argentina fueron víctimas de al menos un delito en los últimos 12 meses", por lo que puede considerarse que una de cada tres familias padeció la inseguridad
Si bien "se ubica un 5,8 por ciento por debajo del valor observado en diciembre de 2016, subió un 1,9 por ciento en relación a lo observado en noviembre de 2017". 
El relevamiento "divide" a la geografía nacional en tres grandes regiones: Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. Entonces, la media nacional del IVI (28,9 por ciento) es superior a los delitos que ocurren en el ámbito porteño (26,7 por ciento) y las principales capitales de Cuyo, NOA, NEA, Pampeana y Patagonia (27,4 por ciento), pero inferior a lo que pasa en los distritos del sur, oeste y norte del Conurbano bonaerense (31,4 por ciento). 
Asimismo, la medición registra un mayor porcentaje (30,6) en los conglomerados urbanos en los que residen más de 500.000 habitantes, y baja a las ciudades donde viven entre 100 y 500 mil personas (26,6) y con un número muy inferior en los pueblos de entre 10 y 100 mil residentes (7,6). 
El documento de la Universidad Torcuato Di Tella clasifica a los delitos sufridos en "contra la propiedad sin violencia" y "contra las personas". En el primer rubro, se considera al hurto de objetos personales, robo a viviendas, robo de auto o camioneta, robo de objetos de vehículo, vandalismo de automotor o vivienda, en los que no existe contacto entre la víctima y el delincuente. ..
LEER MAS EN http://www.perfil.com/sociedad/una-cifra-preocupante-3-de-cada-10-hogares-sufrieron-hechos-de-inseguridad.phtml

sábado, 23 de diciembre de 2017

UN SISTEMA QUE COLAPSA Hay casi un 60% de sobreocupación en las cárceles bonaerenses

Una de esas deudas pendientes que tiene la Provincia de Buenos Aires es el sistema penitenciario provincial. Hace dos años, la Gobernación puso como norte reorganizar el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con la premisa de "limpiar" uno de los organismos más sospechados de corrupción en la administración provincial. Sin embargo, organizaciones encargadas de monitorear la situación en las cárceles advierten por el calamitoso estado de los penales y la superpoblación carcelaria.
El SPB cuenta con 54 unidades penitenciarias y seis alcaldías de detención. Actualmente es conducido por Juan José Baric, quien asumió bajo el ala del ministro de Justicia Gustavo Ferrari hace poco más de un año en reemplazo del saliente Fernando Díaz.
La llegada de Baric implicó un plan de "refundación" del sistema carcelario de la Provincia. El mascarón de proa del proyecto para reformar el SPB es el propio Ferrari. A lo largo de este año, el titular de la cartera de Justicia provincial pasó a retiro a más 800 agentes penitenciarios. Una purga que tiene el claro objetivo de "limpiar" el sistema.
Hace unos días la Gobernación anunció que unos 473 penitenciarios se sumaron para "reforzar" las unidades penales del territorio bonaerense. Se trata de 269 hombres y 204 mujeres que egresaron de la Escuela de Cadetes de la ciudad de La Plata.

LEER MAS :http://www.visionliberal.com.ar/nota/4758-hay-casi-un-60-de-sobreocupacion-en-las-carceles-bonaerenses/

FELIZ NAVIDAD !!!

QUE  EL SEÑOR NOS MUESTRE EL CAMINO A SEGUIR EN ESTA ARGENTINA  CON TANTA GRIETAS Y QUE ESTAS FIESTAS NOS MUESTRE HUMANOS, SENCILLOS Y SOBRE TODO SOLIDARIOS!!
COSEMA

martes, 19 de diciembre de 2017

una LEY PREVISIONAL CON HERIDAS EN AMBOS BANDOS...

UNA ARGENTINA VIOLENTA Y DONDE LA GRIETA SE ABRE..... NOS PREGUNTAMOS: se cerrara?
FUE  UN FIN DE SEMANA  DE DOLOR Y EMPEZO OTRA SEMANA  DE LAGRIMAS...

Lunes violento: gravísimos incidentes para intentar frenar la reforma previsional

Activistas, sobre todo de izquierda, atacaron a la Policía durante horas para levantar la sesión. Pero el oficialismo, con apoyo peronista, se encaminaba a votar el proyecto.
El lunes fue un día de máxima tensión, tras enfrentamientos con inusitada violencia entre manifestantes K y de izquierda con la Policía, con 162 heridos y 60 detenidos, la Cámara de Diputados busca aprobar la reforma jubilatoria impulsada por el oficialismo.
El día había comenzado con incertidumbre. Mientras el Gobierno lograba reunir a 15 gobernadores -diez de ellos clave para lograr el quórum- como señal de apoyo al tratamiento de los cambios previsionales, los movimientos sociales avisaban que esta vez marcharían hacia el Congreso pero sin cortar calles ni accesos -como habían amenazado- y la izquierda denunciaba que policías bonaerenses requisaban los micros que comenzaban a ingresar a la Capital. Estaban en lo cierto: según fuentes oficiales, al menos en Merlo y Dock Sud se pararon colectivos con supuestos militantes kirchneristas y de la agrupación Barrios de Pie, a quienes les encontraron bastones de madera, gomeras y bolitas de vidrio. En paralelo, la CGT convocaba a un paro desde el mediodía, pero que no afectaría al transporte. Más confusión.
Lunes violento: gravísimos incidentes para intentar frenar la reforma previsional
Ya cerca del mediodía, en el Congreso y bajo las órdenes de Cristina, el bloque K se preparaba para tratar de bloquear la sesión y denunciar los supuestos excesos del operativo de seguridad. Por la tarde insistiría en esa tesis, más atentos a las noticias que llegaban de afuera que confiados en repetir la jugada del jueves, cuando la violencia se replicó en el recinto y la sesión terminó levantada.
Lunes violento: gravísimos incidentes para intentar frenar la reforma previsional
Puertas adentro, la sesión de Diputados había comenzado a las 14.13, cuando el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, se sentó en su banca tras terminar de arriar a los últimos díscolos o distraídos. Con él, al fin, se alcanzó el quórum de 129 legisladores. Pero a ese inicio formal le siguieron casi cinco horas de cruces con la oposición, que incluyeron mociones para suspender la deliberación y realizar encendidos discursos sobre los graves incidentes cerca del Congreso. Sin embargo, no hubo escenas de violencia o agresiones personales entre los diputados, como había ocurrido el jueves. Entre los oradores destacados, fueron picantes las intervenciones del krichnerista Agustín Rossi, la peronista María Emilia Soria y Elisa Carrió. El debate recién comenzó a las 19 y continúa. Cambiemos, con apoyo peronista, espera votar los cambios ya en la madrugada.
INFO CLARIN DEL DIA DE LA FECHA

LAMENTABLEMENTE TANTA VIOLENCIA, TANTA ORDA EXALTADA NO DEJO VER EL RECLAMO GENUINO DE MUCHOS JUBILADOS Y MUCHA GENTE QUE SE EXPRESO Y QUERIAN Q LOS VIERAN PIDIENDO Y DEFENDIENDO SUS DERECHOS...
LAMENTABLEMENTE NO HUBO DIALOGO  Y NOS PREGUNTAMOS SI LO HABRA PORQ, SI NOS PONEMOS A RECORDAR LA GRIETA COMENZO CUANDO LA SRA  EX PRESIDENTE SE FUE SIN QUERER DIALOGAR.... RECUERDAN?... CREO Y CREEMOS QUE SI NUESTROS LIDERES NO DAN EJEMPLO , LUEGO TENEMOS ESTO... PAGADO POR ELLOS OBVIO...
QUE ALGUIEN SE HAGA CARGO?


domingo, 10 de diciembre de 2017

CIFRAS QUE IMPACTAN DEL PACO


Los impactantes números de la

 "guerra contra el paco" en la Provincia

Entre enero de 2016 y octubre de este año, 85 mil personas vinculadas a delitos de narcocriminalidad fueron detenidas y se incautaron mas de 158.106 mil unidades de pasta base. Quilmes, zona liberada durante el kirchnerismo, el municipio donde más dosis fueron secuestradas


Joaquín W. tiene 16 años. Vive en Puerta de Hierro, una villa de Isidro Casanova abandonada a la mano de Dios y conocida en la zona como "El supermercado del Paco". Su madre, nacida en Chaco, es alcohólica. Su padre, que llegó al país oriundo de la ciudad peruana de Chepén, está preso desde hace cuatro años en la Unidad Penitenciaria 43, ubicada en González Catán. Fue condenado a prisión perpetua por el delito de "robo agravado y homicidio criminis causa" por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Matanza. Sus dos hermanos mayores, Esteban y Mario, murieron bajo la ley de las balas.
El primero durante un enfrentamiento con la policía. El otro, a manos de una pequeña banda de dealers que interpretaron que Mario intentaba coparle uno de los pasillos, el de rejas verdes oxidadas, para vender dosis de "paco", marihuana y cocaína cuya pureza, como máximo, podía llegar al 40%.
Joaquín W. dejó la primaria en 6° grado y, por más que el padre Bachi hizo todo lo posible para que retome los estudios en la Escuela 96, Juana Azurduy, como tantas veces, no tuvo éxito. Sin embargo, el cura villero, que desde hace más de tres décadas vive en Villa Palito, no baja los brazos.
De cerca, el muchacho parece mayor. Sus pómulos son prominentes porque sus cachetes están metidos hacia adentro. Le faltan muelas. Sus dientes están consumidos. Son como escarbadientes, grises y negros, de tanto aspirar el humo caliente que se mete en sus pulmones y le fríe el cerebro después de aspirar la pipa de aluminio cargada de pasta base.
Joaquín W. es un "fisura" más, producto del abandono del Estado.

Hasta el 2 de mayo pasado, el escuálido muchacho había zafado de la autoridad, aunque en al menos dos oportunidades anteriores los "covani", como llamó a los policías cuando lo interrogaron en el Juzgado de Menores Número 1, en Gregorio de Laferrere, estuvieron cerca de detenerlo junto a dos amigos que salían de uno de los tantos bunkers del lugar para el cual "trabajaban" como "pasadores".
Sin embargo, ese día el santo pagano "San La Muerte" no lo acompañó. Los diarios y los noticieros contarían que los 14 allanamientos simultáneos realizados por los grupos especiales de la policía de la Provincia de Buenos Aires en el "shopping del paco", en Villa Puerta de Hierro, "fueron un éxito".
Los uniformados secuestraron, según los reportes oficiales, "1800 dosis de paco, 800 de cocaína, un arma de fabricación tumbera, un cargamento de armas de fuego, municiones y celulares", e identificadas "ocho personas que fueron puestas a disposición de la justicia".
El único menor era él. Después de varias idas y vueltas, y con los buenos oficios de un abogado suministrado por el Poder Judicial de la Matanza, Joaquín W. volvió al mismo entorno que llevó al cementerio a sus hermanos y al presidio a su padre. Enterado de lo sucedido, el padre Bachi fue a prestarle su palabra y sus manos. Lo encontró enroscado en una frazada sucia en el mismo pasillo en que la Policía lo detuvo vendiendo paco y cocaína de pésima calidad
SIGUE....
INFORMACION: INFOBAE
https://www.infobae.com/sociedad/2017/12/10/los-impactantes-numeros-de-la-guerra-contra-el-paco-en-provincia/

lunes, 27 de noviembre de 2017

EN ARGENTINA COMO EL MUNDO

Sin política de suelo, no hay política de vivienda

La vivienda no es un tema técnico, es ante todo una cuestión política y, por lo tanto, su conceptualización, su deriva en planes, proyectos, modos de gestión y producción debe ser producto de un pensamiento situado políticamente. Algunas preguntas que planteo para reflexionar en torno a posicionar políticamente el tema están formuladas desde el paradigma de la justicia social, sinónimo de un pensamiento político de izquierda. Desde ese lugar, como síntesis subrayo tres ideas: la emergencia de la construcción colectiva por sobre lo individual, la defensa a ultranza de lo público por sobre lo privado y la idea de planificar en torno a un modelo de ciudad compacta frente a la extensión indiscriminada de la mancha urbana como síntoma de la expulsión de quienes no pueden permanecer en ella. Para finalizar, haré un reconocimiento de los logros del gobierno frenteamplista, pero sobre todo formularé los desafíos de la fuerza política en el tema de la vivienda, que permanecen pendientes.
La vivienda, ¿derecho o mercancía?
Parece retórica la pregunta, pero es pertinente porque la ciudad da cuenta de la primacía del mercado, y la lucha por el derecho a la vivienda es política e ideológica. En un contexto en el que el empuje neoliberal parece arrasar con todo, en el que el avance indiscutible del capitalismo, la promoción del extractivismo urbano (la entrega desmesurada de tierra pública a emprendimientos privados), la facilidad para la financiarizacion privada de la vivienda, la falta de barreras a la especulación inmobiliaria y la continua privatización del suelo, parece haber poco espacio para instalar la idea de que la vivienda es un derecho y no una mercancía. ¿Cómo achicar entonces la brecha entre la enunciación de la vivienda como un derecho y hacerlo realidad? ¿Cómo fortalecer y reconocer que la vivienda es un campo para la resistencia colectiva y la lucha por los derechos?
Mientras el derecho a la ciudad es resistido en muchos ámbitos, aunque intenta abrirse paso lentamente, las resistencias de las organizaciones populares que luchan desde los barrios por su mejora y por el derecho a la vivienda adquieren cada vez más protagonismo y visibilidad en Uruguay. Desde una perspectiva histórica, y en la víspera de los 50 años de la Ley Nacional de Vivienda, es de orden reconocer que en Uruguay la producción social de los proyectos autogestionados promovidos por el cooperativismo de vivienda han transitado la resistencia, y promovido la participación y la ciudadanía activa.
Pero el devenir de la construcción colectiva y las luchas por la vivienda se organizan también frente a la imposibilidad de acceder a un barrio digno, al derecho al agua y a la tierra, a los servicios públicos de calidad y al equipamiento social y urbano de proximidad, y esto no es otra cosa que darle contenido al derecho a la ciudad. Transitar de la marginación a vivir en un barrio con la posibilidad de tomar el ómnibus a pocas cuadras y vivir en una casa con una dirección (como Las Láminas, en Bella Unión, o Isla de Gaspar, en Montevideo) no deja de ser obra de la intervención de las políticas públicas socio-territoriales que han sabido reconocer a los actores sociales y dar voz, abriendo espacios reales de coparticipación en la gestión urbana. Es dar cuenta de que la lucha por la vivienda se dirime en una arena política que si es de izquierda abre paso al fortalecimiento de la ciudadanía, a la democracia y a la participación. El territorio, la ciudad y la vivienda no son meros escenarios donde transcurre la vida, son espacios vivos y promotores para la resistencia colectiva, son hechos significativos desde el punto de vista político.
Este reconocimiento de la lucha como campo legítimo es un principio clave a la hora de responder por la vivienda como un derecho, como parte de las responsabilidades del Estado para garantizarlo.
La vivienda, ¿hace ciudad?
Basta recordar la política de núcleos básicos llevada adelante en la década de 1990 por el gobierno blanco para poder afirmar con solidez que la vivienda no hace ciudad. Es más, diría que esa producción masiva, despojada, repetitiva representa la no-ciudad. Sin embargo, como afirma Jordi Borja en Revolución urbana y derechos ciudadanos, “sin vivienda, no hay ciudad”. La relación entre vivienda y ciudad es indisoluble. Vivir en la ciudad y habitarla es sinónimo de posibilidades y ante todo, como la percibió Jane Jacobs en los años 70, la ciudad habilita tanto la generación de espacios de encuentro con los otros como la posibilidad de la intimidad; es un estímulo para la creación, para el disfrute de la vida y, a su vez, nos permite crecer como personas y como sociedad.
Cuando la relación vivienda-ciudad no está resuelta, uno de los tantos problemas que aparecen es la inseguridad. La sensación de seguridad aumenta cuando hay más personas en las calles o mirando desde sus ventanas (sin duda alguna, para las mujeres, transitar seguras es aún un derecho recortado, y doblemente para las mujeres trans), por eso la permanencia de lo habitacional en los barrios consolidados, históricos y céntricos de la ciudad evita la desertización sinónimo de muerte lenta o fragmentada en el correr del día. Cuando no hay viviendas en ciertos sectores de la ciudad, el vacío se apodera durante horas de la tarde o los fines de semana cuando la monoactividad cesa. Por eso es impensable una política de vivienda sin política de acceso al suelo urbano que asegure siempre la conjunción de múltiples actividades con la de residir. Pero ¿de quién es el suelo?, ¿cómo se accede a él?, ¿quién determina que el suelo urbano tenga un precio de mercado o un valor social?
Otra de las problemáticas actuales de la relación vivienda-ciudad es que la localización no es respetada o, dicho de otra manera, el suelo es un sujeto omitido. Esto se conoce con el nombre de gentrificación o, como algunos autores latinoamericanos lo llaman, colonialismo urbano. Significa la expulsión de personas de un barrio o territorios concretos producto de la inversión de capital privado o público, que genera el aumento del valor del suelo. La población es desplazada y su lugar, ocupado por grupos con mayor capital económico o cultural. El proceso de gentrificación es parte del vaciamiento de la ciudad consolidada, pero lo más importante es que socava el derecho de las personas a permanecer, destruye el tejido social de los barrios, rompe con las redes vecinales que generalmente las mujeres construyen para resolver la cotidianidad de la vida, la compra diaria, el cuidado de los niños y los mayores, el acceso a la salud, la escuela, en fin, la vida misma.
La ausencia de suelo público para las políticas de vivienda, agravada por las políticas neoliberales que profundizan la precarización del empleo, colocan a ciertos grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad para afrontar el pago de los alquileres y gastos asociados a la permanencia en los barrios. A su vez, las quitas fiscales, que facilitan al capital las inversiones especulativas en propiedades inmuebles y que se apoderan de las plusvalías urbanas, terminan promoviendo múltiples desalojos, que directa o indirectamente (como la liberalización de los precios de los alquileres) imposibilitan la permanencia de los más pobres, entre ellos, las mujeres solas y con hijos, los nuevos migrantes, la población afro.
Este circuito es doblemente perverso. La primera perversión forma parte de la violencia simbólica, pues desconoce el sentido de identidad que las personas tienen con un barrio y despojan a la gente del sentido de pertenencia que se construye con un lugar, un barrio concreto. La segunda, como expresa Saskia Sassen, forma parte de la violencia real que implican las expulsiones territoriales e institucionales hacia las periferias desurbanizadas de los excluidos de siempre, o sea, sigue consolidando la fractura social presente en Montevideo.
Desafíos pendientes
Sin política de suelo, no hay política de vivienda. El suelo urbano disponible y urbanizable no puede ser una mercancía con la que especulen inversionistas o desarrolladores promovidos, además, por una política fiscal facilitadora del capital privado, porque, ante todo, el suelo urbano debería ser un bien colectivo. Es por eso que las políticas de vivienda están intrínsecamente vinculadas con las políticas de acceso y permanencia al suelo urbano. Si bien un gran logro del primer gobierno frenteamplista de Montevideo –que hay que consolidar y fortalecer– en cuanto al acceso al suelo urbano ha sido la creación de la cartera de tierras y fincas, a la que las cooperativas pueden acceder para presentarse al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a solicitar los fondos públicos para la construcción de las viviendas, esta no es suficiente. No alcanza para desafiar al sistema y sus desigualdades estructurales. No alcanza el 0,4% que se destina del presupuesto nacional a la construcción de viviendas y al mejoramiento de las existentes.
Este es uno de los desafíos pendientes: más presupuesto para un urbanismo redistributivo que integre la agenda de derechos y reconozca la situación de partida diferencial de las personas; más posibilidades de acceso al suelo urbano que contemple el derecho a la ciudad para la adjudicación pública y preserve la ciudad compacta; mayor regulación del capital con impuestos progresivos a la irresponsabilidad de la propiedad privada, más subsidios para las necesidades de la gente, más cuotas de asignación por barrio a la vivienda social para frenar el proceso de gentrificación y mayor reconocimiento de la participación ciudadana en las políticas de acceso al suelo y a la vivienda. El binomio inseparable.Resultado de imagen para CASA + VIVIENDAS + BARRIO

Silvana Pissano | Arquitecta y feminista. Directora general de Desarrollo Urbano de Montevideo.

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